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Este artículo fue escrito por Ciudadano Inteligente. El artículo fue editado mínimamente por claridad y longitud.

En los próximos meses, estaremos trabajando junto con aliados regionales en América Latina, como Ciudadano Inteligente, Ojo Público, TEDIC y FLIP, para desarrollar estrategias transfronterizas alrededor de desafíos de transparencia y rendición de cuentas en la región, reuniendo a actores en estos temas en un evento en Río de Janeiro en noviembre del 2017. Nos concentraremos en cuatro temas principales: la libertad de prensa, la impunidad, la seguridad organizacional y la influencia del sector privado en la política. Esta semana, nuestros aliados regionales compartirán sus respectivos pensamientos sobre los cuatro temas en esta serie.

La corrupción es un problema grave en América Latina. Tiene consecuencias económicas, sociales, políticas y culturales. De la mano con la impunidad, la falta de acceso a información, la toma de decisiones a puertas cerradas – y entre unos pocos, usualmente los mismos de siempre – corroe nuestras sociedades y comunidades políticas. Y es que socava algunos de los principios básicos que nos permiten vivir en conjunto.

Del nepotismo a la propina al policía, de los financiadores de campañas políticas a los contratos públicos, la corrupción encuentra muchas formas diferentes, pero consiste, siempre, en utilizar algo que es de todas y todos para el beneficio privado; es una solución personal y privada de problemas comunes, que afectan a toda una comunidad o a un grupo de personas, Traiciona valores que nos permiten vivir en comunidad: confiar, entregar, ser solidarias y solidarios, trabajar en conjunto por una vida y sociedad mejor.

La corrupción necesita de la impunidad, que es cuando quienes cometen acciones que van en contra de las reglas que hemos establecido para convivir no reciben sanción. Se establece así un círculo vicioso que transforma la corrupción en la norma: sabemos que quienes actúen de forma corrupta e ilícita no recibirán sanción. De esta manera, la corrupción se expande, transformándose en un problema sistémico y estructural, que permite mantener el status quo y la desigualdad. Deja así de ser un caso aislado, y se transforma en la forma en que el conjunto opera en todos los niveles de la vida social.

Aunque en Latinoamérica los indicadores de corrupción son más o menos similares a las de otras economías emergentes, la situación es mucho peor si nos comparamos con economías avanzadas, y hay que tener en cuenta que estos indicadores diluyen profundas diferencias al interior de la propia región. Además, existe una relación entre corrupción y quiénes son los más afectados por ella. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción reconoce que el fenómeno de la corrupción afecta a las personas más pobres de forma desproporcionada, desviando fondos destinados al desarrollo. Se socava la capacidad de los gobiernos de proporcionar servicios básicos, alimentando la desigualdad y la injusticia.

El análisis de los niveles de impunidad solo agrava la situación. De acuerdo al Índice Global de Impunidad 2017, casi la mitad de los países de América Latina examinados se encuentran entre los países con la peor calificación a nivel global.

Muchas veces la corrupción es entendida como un problema técnico que requiere de expertos que diseñen procedimientos e instituciones adecuadas. Si bien es cierto que estos problemas requieren de experiencia y conocimiento técnico, desde nuestra perspectiva estamos, ante todo, ante problemas políticos. Para hacerse cargo de ellos requerimos de acción conjunta y colectiva. Lo que está en juego es la vida en común y la distribución del poder.

En Ciudadano Inteligente creemos que la sociedad civil y ciudadanía son fundamentales para hacer frente a la corrupción e impunidad. Por ello, decidimos ser parte activa en las querellas por presunto delito de cohecho a fin de sancionar a quienes hubieran defraudado la fe pública en los casos de financiamiento irregular de la política en Chile. También nos sumamos al Consejo Anticorrupción, surgido en 2015 al calor de los escándalos por el financiamiento irregular de la política en el mismo país. De esta Comisión surgió el Observatorio Anticorrupción, una metodología y plataforma ciudadana de seguimiento a las medidas que emanaron de dicho Consejo.

Si bien es cierto que estos problemas requieren de experiencia y conocimiento técnico, desde nuestra perspectiva estamos, ante todo, ante problemas políticos. Para hacerse cargo de ellos requerimos de acción conjunta y colectiva.

A la luz de lo que está sucediendo en varios países de la región, nuevas interrogantes y desafíos surgen. El caso de Brasil es emblemático: el Congreso se apresta a votar reformas políticas con 238 de sus parlamentarios respondiendo a procesos en la Corte Suprema del país, en un contexto donde el actual presidente Michel Temer deberá responder a una segunda investigación, después de utilizar 4 billones de reales del erario público para pagar a diputados para que lo liberasen de la primera indagatoria. Al mismo tiempo, Brasil ocupa el tercer lugar a nivel mundial en población carcelaria, con más de 700.000 personas viviendo privadas de libertad. No se puede decir que es un país donde se privilegia la impunidad, sino que más bien la impunidad es un fenómeno selectivo, que privilegia las clases más ricas y aquellos que están en el poder, y que incluso pueden utilizar de la corrupción para librarse de las sanciones.

Las preguntas que nos surgen entonces, y que nos abren a nuevos desafíos, se refieren a entender la corrupción y la impunidad como problemas políticos, como asuntos de acción colectiva y ciudadana. Sin embargo, es justamente la ciudadanía la que se ha visto más desencantada y alejada de la política tradicional a la hora de develar, cada vez más ampliamente y con más evidencia, los casos de corrupción en la región.

Las preguntas que nos surgen entonces, y que nos abren a nuevos desafíos, se refieren a entender la corrupción y la impunidad como problemas políticos, como asuntos de acción colectiva y ciudadana.

¿Cómo promovemos, entonces, acciones colectivas potentes que nos permitan conocer, dar seguimiento, exigir, proponer y participar? ¿Cómo convocamos y narramos los casos de corrupción haciendo un llamado a no entregar la política a unos pocos, sino que insistiendo en la justa y necesaria distribución del poder? ¿Cómo combatimos la corrupción a través de las herramientas que nos ofrece la participación democrática?

América Latina necesita una ciudadanía activa y articulada más que nunca. La sociedad civil debe poner al servicio de esta causa toda la técnica y política disponible y por inventar, para encontrar soluciones novedosas y creativas a desafíos que van al centro de nuestra vida en conjunto.

Este artigo foi publicado no blog de Ciudadano Inteligente.

Restam poucos dias para o nosso evento ‘Enfoques transfronteiriços para os desafios de transparência e rendição de contas na América Latina’, no qual estamos colaborando com The Engine Room, Ojo Público, TEDIC e FLIP, entre outros. Enquanto esperas, podes ler nossa reflexão sobre estes temas.

A corrupção é um problema grave na América Latina. Tem consequências económicas, sociais, políticas e culturais. De mão dada com a impunidade, a falta de acesso a informação, a tomada de decisões a portas fechadas – e entre poucos, normalmente os mesmos de sempre – corroem nossas sociedades e comunidades políticas. E é isso que prejudica alguns dos princípios básicos que nos permitem viver juntos.

Do nepotismo a propina ao policial, dos financiadores de campanhas políticas aos contratos públicos, a corrupção encontra muitas formas diferentes, mas consiste, sempre, em utilizar algo que é de todos e todas para o benefício privado; é uma solução pessoal e privada de problemas comuns, que afetam a toda uma comunidade ou a um grupo de pessoas, trai valores que nos permitem viver em comunidade: confiar, entregar, ser solidárias e solidários, trabalhar em conjunto por uma vida e sociedade melhor.

A corrupção necessita da impunidade, que é quando quem comete as ações que vão contra as regras estabelecemos para conviver não recebem sanção. Estabelece-se assim um círculo vicioso que transforma a corrupção em norma: sabemos que aqueles que atuam de forma corrupta e ilícita não receberão sanção. Desta maneira, a corrupção se expande, transformando-se em um problema sistêmico e estrutural, que permite manter o status quo e a desigualdade. Deixa assim de ser um caso isolado, e se transforma na forma na qual o conjunto opera em todos os níveis da vida social.

Mesmo que na América Latina os indicadores de corrupção sejam mais ou menos similares ao de outras economias emergentes, a situação é muito pior se nos comparamos com outras economias avançadas, e há que se levar em conta que estes indicadores diluem profundas diferenças ao interior da própria região. Além disto, existe uma relação entre corrupção e quem são os mais afetados por ela. A Convenção das Nações Unidas reconhece que o fenômeno da corrupção afeta as pessoas mais pobres de forma desproporcional, desviando fundos destinados ao desenvolvimento. Isso prejudica a capacidade dos governos de prestar serviços básicos, alimentando a desigualdade e a injustiça.

A análise dos níveis de impunidade só agrava a situação de acordo com o índice Global de Impunidade 2017, quase a metade dos países da América Latina examinados se encontram nos países com a pior qualificação a nível global.

Muitas vezes a corrupção é entendida como um problema técnico que requer de experts que desenham procedimentos e instituições adequadas.

Embora seja verdade que estes problemas exijam experiência e conhecimento técnico, desde a nossa perspectiva estamos, antes de tudo, diante de problemas políticos. Para cuidar deles precisamos de ação conjunta e coletiva.

O que está em jogo é a vida comum e a distribuição de poder.

No Ciudadano Inteligente cremos que a sociedade civil e cidadania são fundamentais para fazer frente a corrupção e a impunidade. Por isso, decidimos ser parte ativa nas reclamações de suposto suborno, a fim de punir aqueles que haviam defraudado a fé pública nos casos de financiamento irregular da política no Chile. Também nos juntamos ao Conselho Anti-Corrupção, surgido em 2015 no calor dos escândalos pelo financiamento irregular da política no mesmo país. Desta Comissão surgiu o Observatório Anti-Corrupção, uma metodologia e plataforma cidadã de seguimento as medidas que surgiram do referido Conselho.

À luz do que está acontecendo em vários países da região, novas interrogações e desafios surgem. No caso do Brasil é emblemático: o Congresso se apresenta para votar reformas políticas com 238 de seus parlamentares respondendo a processos na Corte Suprema do país, num contexto onde o atual presidente Michel temer deverá responder a uma segunda investigação, depois de utilizar 4 bilhões de reais do erário público para pagar deputados para que o liberassem da primeira investigação. Ao mesmo tempo, Brasil ocupa o terceiro lugar a nível mundial em população carcerária, com mais de 700.000 pessoas vivendo privadas de sua liberdade. Não se pode dizer que é um país onde se privilegia a impunidade, mas que a impunidade é um fenômeno seletivo, que privilegia as classes mais ricas e aqueles que estão no poder, e que podem, inclusive, se utilizar da corrupção para se livrarem de sanções.

As perguntas que surgem então, e que nos abrem a novos desafios, se referem a entender a corrupção e a impunidade como problemas políticos, como assuntos de ação coletiva e cidadã.

Porém, é justamente a cidadania que vemos mais desencantada e afastada da política tradicional na hora de divulgar, cada vez mais amplamente e com mais evidência, os casos de corrupção na região.

Como promovemos, então, ações coletivas que nos permitam conhecer, dar seguimento, exigir, propor e participar? Como convocamos e narramos os casos de corrupção fazendo um chamado a não entregar a política a poucos, mas insistindo na justa e necessária distribuição do poder? Como combatemos a corrupção através das ferramentas que nos oferece a participação democrática?

América Latina necessita uma cidadania ativa e articulada mais que nunca. A sociedade civil deve se colocar a serviço desta causa toda a técnica e política disponível e por inventar, para encontrar soluções inovadoras e criativas a desafios que vão ao centro de nossa vida em grupo.