Cambio en la distribución de poder y financiamiento para afrontar la adversidad: reflexiones sobre cómo podemos construir un ecosistema tecnológico y de derechos humanos más equitativo

Barbara Paes

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A principios de este año, lanzamos un nuevo proyecto de investigación que analiza maneras de construir tecnología y datos más equitativos para el ecosistema de derechos humanos, especialmente en términos de financiamiento. A medida que la pandemia de Covid-19 ocasiona inestabilidad socioeconómica global, las organizaciones de la sociedad civil dependen de su capacidad intrínseca de afrontar la adversidad y de sus reservas de recursos para continuar siendo sostenibles, lo que hace que esta investigación sea aún más importante. En los próximos meses, publicaremos un informe que detalle nuestros hallazgos, pero mientras tanto queríamos compartir algunas ideas nuevas. Los siguientes aprendizajes provienen de una ronda inicial de conversaciones con personas que pertenecen a un conjunto diverso de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en torno a la tecnología y los derechos humanos. Les agradecemos su tiempo y esperamos próximamente compartir más sobre ellas y lo que hemos descubierto.

El desequilibrio de poderes es inherente a las relaciones entre financiadores/donantes y beneficiarios, y está perjudicando gravemente a las organizaciones locales.

La relación entre los organismos de financiamiento y los actores del cambio social refleja una distribución desigual del poder, donde los activistas y las organizaciones de la sociedad civil generalmente dependen de los aportes de los financiadores para llevar a cabo su trabajo. Las asimetrías entre los financiadores y las organizaciones que reciben fondos, y entre las organizaciones que compiten por oportunidades limitadas de financiamiento, a menudo dictan cómo se distribuyen los recursos en todo el sector. Muchos de nosotros que trabajamos en el área de tecnología y datos para los derechos humanos hemos lidiado con preguntas como: ¿por qué ciertas entidades pueden obtener fondos cuando otras no? ¿Cómo establecen los donantes sus prioridades y cómo afecta esto el trabajo de las organizaciones? ¿Cómo se ve la sostenibilidad en un sector donde las tendencias y las expectativas en torno a las nuevas tecnologías a menudo juegan un papel desmesurado? Si bien en este ámbito las discusiones sobre equidad no son nuevas, son urgentes y siguen pendientes.

Retos que ya conocemos se repitieron una y otra vez en nuestras conversaciones con quienes trabajan en tecnología y derechos humanos. Nos enteramos de procesos de solicitud de financiamiento que requieren mucho tiempo y son innecesarios; de la importancia de las redes profesionales y personales para acceder a espacios y a financiamiento; y cómo algunas organizaciones están limitadas por la falta de “conocimiento del panorama”. La construcción de esas redes de conocimiento necesariamente requiere tener acceso y permiso para ingresar a ciertos espacios, que se consiguen a través de privilegios, como el de viajar sin estrictos requisitos de visado o el privilegio de obtener las credenciales requeridas para ingresar a ciertos lugares. Hay una gran cantidad de privilegios otorgados o denegados únicamente por nuestro lugar de nacimiento o por nuestra apariencia, debido a las supraestructuras de injusticia y discriminación en las que estamos inmersos.

Además de estos desafíos, muchas de las personas que entrevistamos hablaron sobre el rol que desempeñan las organizaciones intermediarias en este ámbito, tanto asistiendo a organizaciones y entidades desconocidas para los donantes, como actuando como custodios del acceso al financiamiento.

Las ONGI pueden desempeñar un papel importante en la construcción de un mejor ecosistema

Existen desequilibrios de poder entre donantes y beneficiarios, pero también entre las propias organizaciones de la sociedad civil. A menudo hay tensiones en el modo en que organizaciones de diferentes tamaños, ámbitos y ubicaciones se relacionan entre sí. Un relato común que surgió durante nuestras conversaciones es el siguiente: las organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGI) reciben fondos y recursos para luego asociarse con organizaciones “locales” que reciben una porción más pequeña de esos fondos para llevar a cabo sus actividades. Este tipo de arreglos nos recuerda que, si bien las ONGI pueden ser facilitadores útiles, también ocupan una posición privilegiada en el sector de tecnología y de derechos humanos.

Como intermediarias entre las instituciones aportantes y las entidades con menos acceso al financiamiento, es importante que las ONGI reconozcan su posición dentro de estas dinámicas de poder. Como intermediarias influyentes, las ONGI deben asegurarse de fortalecer el trabajo de las organizaciones locales y comunitarias en lugar de quedarse con los recursos y la visibilidad que estas organizaciones merecen.

Hay muchas formas de fomentar esta dinámica y, si bien varias dependen del contexto, hemos visto algunas soluciones que se pueden replicar en todos los escenarios. Por ejemplo, saber cómo asegurar el financiamiento (¡y qué hacer una vez que lo tienes!) es algo muy específico y a menudo está fuera del alcance de las organizaciones menos conectadas. Los financiadores, los donantes y las organizaciones de la sociedad civil podrían mejorar el panorama de financiamiento al simplificar estos procesos. Podrían agregar claridad al proceso de solicitud de financiamiento al explicar en profundidad qué esperan de los solicitantes (tanto los aspectos “informales” de la construcción de relaciones como también los más formales). Podrían trabajar para establecer canales de comunicación claros y crear oportunidades para hacer preguntas y obtener más información.

Al asociarse con actores sociales que son menos conocidos o que tienen un acceso limitado al financiamiento, las ONGI también deben pensar en cómo pueden contribuir a un ecosistema más equitativo. Esto podría incluir: destacar el trabajo que realizan las organizaciones de manera no extractiva; brindar apoyo de manera proactiva a la construcción de relaciones entre organizaciones locales y donantes; ocupar un segundo plano en los proyectos para posibilitar que otros puedan brillar; y motivar a los donantes para que trabajen directamente con las organizaciones locales.

Sin embargo, en última instancia, las ONGI deben reconocer que una parte importante de su rol debe ser transferir poder a los actores sociales menos poderosos, es decir, si están comprometidas con un objetivo general de justicia social. Esto significa estar abiertas a reconocer que otras entidades están en mejores condiciones para realizar determinado trabajo y hacer las adaptaciones necesarias para ponerlo en práctica. Para las ONGI, esto podría significar perder algunas fuentes de financiamiento, delegar oportunidades de proyectos o, en definitiva, reducir personal una vez que organizaciones ya mejor posicionadas puedan acceder directamente al financiamiento.

Financiamiento equitativo en el contexto de crisis

Todos estos esfuerzos deben tener el objetivo común de garantizar que los actores sociales que no han tenido acceso a los mecanismos de financiamiento puedan obtener los recursos que necesitan. La fase inicial de esta investigación ha sido un recordatorio de que gran parte del trabajo innovador en el sector tecnológico y de derechos humanos lo realizan organizaciones informales, colectivos, activistas y grupos que no necesariamente pertenecen a estructuras formales. Los financiadores deben estar preparados para dar la bienvenida a estos actores sociales y sortear posibles obstáculos para la concesión equitativa de donaciones.

En el contexto actual de inestabilidad política y pandemia, recibir fondos puede ser aún más confuso de lo habitual. Los financiadores están destinando (con razón) más fondos hacia problemas relacionados con el Covid-19, pero los problemas que ya existían subsisten o se ven exacerbados por la crisis actual. Ahora es momento para mayor transparencia y responsabilidad, momento de ser flexible y reconocer diferentes enfoques y experiencias. Si bien algunos financiadores son cada vez más conscientes de estos problemas, todavía existe margen para destinar ayuda adicional a entidades más nuevas o con menos experiencia en estos procesos.

Muchos de los temas mencionados aquí reflejan un debate más amplio sobre el modo en que se estructura el financiamiento, desde las prioridades de los financiadores, hasta posibles sesgos en qué tipo de trabajo se considera “de moda”, y los roles convencionales que han ocupado diferentes actores sociales y organizaciones. Este no es un problema que puedan resolver uno o dos donantes actuando solos. El camino hacia un espacio tecnológico y de derechos humanos más sostenible, resiliente y equitativo es uno que los financiadores y las organizaciones deben recorrer juntos.

Foto: Tim Mossholder en Unsplash

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